Protocolo de Kyoto

El Protocolo de Kyoto es un tratado internacional, firmado en 1997, que entró en vigor en febrero de 2005. A partir de allí se fijaron límites para las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de los países industrializados.

El objetivo principal del Protocolo es lograr que entre 2008 y 2012 los países desarrollados disminuyan sus emisiones de GEI: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC) y hexafluoruro de azufre (SFG) a un 5,2% menos del nivel de emisiones generadas en 1990.

A estos gases se les asigna un potencial de generación de efecto invernadero que permite referenciar cada uno al CO2, y así utilizar como unidad común de referencia el CO2 equivalente.

Para lograr estas metas de reducción de emisiones, los países desarrollados pueden financiar proyectos de captura de estos gases en otros países en vías de desarrollo, acreditando tales disminuciones como si hubiesen sido hechas en territorio propio.
Esto se cumple por medio del Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Está previsto que en diciembre de 2009 se reúna, en Copenaghe, la decimoquinta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La cuestión a tratar será la reducción de los GEI más allá de 2012, en que vence la primera fase del Protocolo de Kyoto.

Si bien hay expectativas de comprometer a países cuyas emisiones no están limitadas, pero se encuentran en ascenso, como China o India, el foco de atención estará puesto en Estados Unidos, el mayor responsable de la contaminación a nivel mundial. Pero bajo la presidencia de George W. Bush no adhirió al Protocolo con el argumento de que provocaría graves daños a su economía.

El nuevo presidente estadounidense Barak Obama afirmó que su país debe ejercer el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Por eso quiere reintegrarse en la CMNUCC, y crear un foro de los países que más usan la energía en el mundo.

Las definiciones de Obama en materia de medio ambiente se diferencian en forma sustancial de su antecesor Bush. Obama considera que existe una solución eficaz para los dos problemas más acuciantes: el cambio climático y la crisis energética. A su criterio se puede promover el desarrollo económico a la vez que proteger el medio ambiente, una posición que puede resultar clave en este tiempo de crisis.
Bonos Verdes
Los certificados de reducción de emisiones (CERs, por su sigla en inglés) o bonos verdes surgieron como consecuencia del Protocolo de Kyoto.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) prevé generar mecanismos económicos que permitan a las empresas y gobiernos de países desarrollados financiar proyectos de captura de gases de efecto invernadero en otras naciones, principalmente en vías de desarrollo. Y al acreditar tales disminuciones como si hubiesen sido hechas en territorio propio, acceder a los CERs.

Los bonos verdes representan “subsidios” efectuados por los países desarrollados para cumplir con el compromiso asumido en el Protocolo de Kyoto (art. 12), para cuantificar y reducir las emisiones de gases contaminantes. Y, por otra parte, estimular a países en desarrollo a implementar proyectos tecnológicos sustentables que permitan la reducción de estas emisiones mediante el MDL.

El Banco Mundial administra varios fondos aportados por empresas y gobiernos para comprar CERs y financiar proyectos en países emergentes.

No todos los proyectos que reducen emisiones o secuestran dióxido de carbono califican para ser MDL. Para ello deben cumplir con una serie de requisitos. Y, además, recibir la aprobación de una instancia nacional y otra internacional que evalúan su aporte a la mitigación del cambio climático.

La cantidad de CERs a emitirse estará vinculada con una equivalencia correspondiente a la cantidad de dióxido de carbono “ahorrado”. Un CER equivale a una tonelada de dióxido de carbono o su equivalente, según el gas que se esté cuantificando.

Los bonos verdes se comercializan en países del primer mundo y permiten a los que están en vías de desarrollo ampliar el ingreso de flujos de inversión para generar tecnologías más limpias y proyectos que resguarden el medio ambiente.

Algunas organizaciones ecologistas cuestionan los beneficios del MDL. Argumentan que con este mecanismo, los países industrializados desvían sus compromisos de reducir sus emisiones de carbono. De este modo evitan invertir en desarrollo de tecnología realmente limpia.

Sin embargo, dejando a un lado las rigideces conceptuales, son muchas las oportunidades que el MDL ofrece para que los países en vías de desarrollo accedan a tecnologías que son, a la vez, rentables y sustentables.